La semana pasada, Alberto Núñez Feijóo criticó la acampada de Sol con una mención a Catalunya. El presidente del PP acababa de leer el caso de una mujer, “creo recordar que se llamaba Olga”, que se había suicidado tras un desahucio en L'Hospitalet de Llobregat. “Nadie preguntó por ella”. Macarena Olona hizo lo mismo en la televisión contra la portavoz del Sindicato de Inquilinas. “Maricarmen está en el hospital, es cierto, pero lo que no dices es que Olga está en el cementerio”. Se referían a Olga Matute, que en 2024 contó su desesperación ante una comisión del Parlament, donde PP y Vox tienen representación y responsabilidades.
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Huelga decir que ni Feijóo ni Olona habrían mencionado a Olga de no haber existido Maricarmen. Tampoco es cierto que los movimientos sociales practiquen la solidaridad selectiva: desde que se conoció el desenlace, el movimiento vecinal y los sindicatos de vivienda han recordado a Olga Matute, cuyo desahucio se reactivó después de que PP, Vox y Junts tumbaran en el Congreso español el decreto de moratoria. Ni Feijóo ni Olona se han dejado caer por esas movilizaciones. Saben de sobra que tampoco habrían sido bienvenidos.
Entre 2012 y 2013 hubo un goteo constante de suicidios vinculados a desalojos inmobiliarios. Solo uno, el de Amaia Egaña en Barakaldo, tuvo un impacto social profundo y duradero. Fue tal la conmoción que el Gobierno de Rajoy hubo de firmar a todo correr un decreto con dos años de moratoria para los desahucios. En aquellas fechas, el PP al menos tuvo la decencia de callar en lugar de atacar a los movimientos sociales mencionando, por ejemplo, a José Miguel Domingo, que se había suicidado dos semanas antes, el mismo día en que esperaba su desahucio.
Amaia no se quitó la vida pensando en simbolizar nada. Tampoco Maricarmen eligió la repercusión de su desahucio. Entre la muerte de ambas median casi catorce años y un cambio de mentalidad: la derecha ha perdido los muy pocos escrúpulos que le quedaban y ha decidido demonizar a las víctimas en plaza pública. “Maricarmen es una jeta” (Alberto Artero, El Confidencial). “A Maricarmen la eligieron en un casting” (Chapu Apaolaza, ABC). “Una puta sinvergüenza con miles de euros en el banco” (José Luis Bergillos, PP). Maricarmen jugaba al bingo, nunca saludaba en la escalera y se merecía el infierno.
Será que los desahuciados deben ser víctimas perfectas, filántropos con voto de pobreza, carmelitas descalzas, ciudadanos abnegados que ejercen la caridad, rescatan gatitos huérfanos y ayudan a cruzar la calle a las ancianitas. Por suerte, el movimiento por la vivienda no consulta el termómetro moral de cada víctima antes de denunciar un problema estructural que afecta a las clases populares, buenas, malas o peores. El derecho a la vivienda es universal y corresponde a todo el mundo, también a la gentuza que ha escupido sobre el buen nombre de Maricarmen.