Ayer se desató una pequeña turbulencia mediática porque Silvia Intxaurrondo mantuvo una conversación un tanto desordenada con Míriam Nogueras en TVE. Algunos periódicos hablaron de “tensión” y “encontronazo”, desplazando el meollo de la noticia a la cuestión de las formas. Es posible que muchos se hayan quedado con la idea de que hubo cierto jaleo sin que sepan muy bien de qué se hablaba. En honor a la verdad, Intxaurrondo trataba de leer un fragmento del real decreto-ley rechazado el martes por Junts en el Congreso. Nogueras la interrumpió en dos ocasiones.

PP, Vox y Junts han acusado al Gobierno español de encajar ocupas y pensionistas en un mismo decreto. “No metan la revalorización de las pensiones en el mismo decreto en el que se prorrogan derechos a los ocupas”, dice Miguel Tellado. “Hay que ser muy delincuente y muy malnacido para llevar en un decreto la defensa de los ocupas y a la vez la revalorización de las pensiones”, dice Santiago Abascal. “Pensiones sí; ocupaciones, no”, sentencia Nogueras.

Si bien es cierto que Sánchez ha incluido materias muy dispares en un solo texto, lo mismo puede achacarse a la oposición, que confunde churras con merinas y mete en el mismo saco los retrasos en las mensualidades del alquiler, las usurpaciones y los allanamientos de morada. Para la derecha, todo es ocupación. Antes, el okupa —con k— era el centro social del barrio. Ahora, gracias a una forzosa pirueta semántica, okupa es también el inquilino con un contrato de arrendamiento vigente.

Me voy al BOE y leo el artículo 1 bis del RDL 16/2025. Lo que trataba de leer Intxaurrondo, vamos. El texto habla de personas vulnerables que habitan sin contrato en una de las más de diez viviendas de un determinado propietario. Insisto: propietarios de más de diez viviendas. Solo en esos casos, un juez tendrá que tomar la decisión más oportuna con la mira puesta en encontrar una alternativa habitacional. Si uno afina bien el foco, el texto no nos habla de ocupas, como dicen PP, Vox y Junts, sino de especuladores.

Algunos políticos han llamado a defender a los “pequeños propietarios”. Es difícil saber a qué se refieren con pequeños propietarios a no ser que aludan a la estatura. La única certeza es que alguien que posee más de diez viviendas no es propietario sino coleccionista. Coleccionar cromos de fútbol, soldaditos de plomo o sellos postales puede ser un noble pasatiempo. Coleccionar un bien de interés general, en cambio, está feo.

Diría que la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y proscribe la especulación. El derecho a la propiedad privada, en cambio, queda subordinado al interés general. Y si la legalidad española no termina de convencernos, echemos un vistazo a la ley 20/2017 fundacional de la República catalana: “Se reconoce el derecho a la protección social por falta de vivienda digna”. Necesitamos diputados que defiendan los derechos de las personas y no los privilegios de los coleccionistas.