El otro día, entre avisos alarmantes de la AEMET, nos llegaba la noticia de un incendio en Carcastillo. Los bomberos de Navarra difundieron las imágenes del fuego nocturno y de inmediato todo el mundo recordó las 12.530 hectáreas abrasadas en 2022. Hurra por nuestros valientes operarios, tuiteaban los políticos de la oposición. Un bombero navarro les respondía afeándoles la palabrería: cuando ustedes gobernaban nos bajaron el sueldo y dejaron los parques sin personal.

Veo que el lamento es generalizado. Por ejemplo, en Castilla y León, la delegada de CSIF denuncia que no existen políticas de prevención de incendios. También aquí hace falta volver a 2022. El PP había descartado la idea de mantener un operativo estable porque lo consideraba un “despilfarro”. La sierra de la Culebra quedó reducida a cenizas. Ardieron 60.000 hectáreas. Murieron cuatro personas. El consejero Quiñones culpó al “ecologismo extremo”.

Sin movernos de Castilla, pongamos que hablo de Madrid. El pasado mes de julio, los bomberos se declararon en huelga disconformes con los sueldos congelados y las plantillas reducidas a la nada. Llevan desde marzo dando avisos pero Ayuso y Tragsa siguen a lo suyo. Ahora toca llorar la muerte de un hombre en Tres Cantos y atribuirlo a la mala suerte, todo mi cariño para sus familiares en este momento difícil, etc.

Según datos de las empresas forestales, el gasto estatal en prevención de incendios cayó un 51% entre 2009 y 2022. El síntoma se extiende a otras áreas de la función pública. Mazón, por ejemplo, tuvo la idea de suprimir la Unidad de Emergencias justo antes de que la DANA arrasara con todo. Por no hablar del Covid. La pandemia puso al personal sanitario en los límites del colapso y demostró con pruebas inapelables el efecto devastador de los recortes y las privatizaciones. De las residencias nos ahorramos los comentarios.

Este mapa de la desolación contrasta con otros despliegues exitosos que han contado con abundante capital, banderas al viento, buques de dibujos animados, cánticos llenos de fervor español, a por ellos, oé. La Operación Copérnico de Juan Ignacio Zoido, por ejemplo, costó 87 millones de euros a las arcas públicas. Seis mil policías y guardias civiles dedicados a repartir leña y desmantelar una peligrosa red de urnas de plástico.

Si el fuego fuera un referéndum no faltaría dinero para sofocarlo. La moraleja suena amarga: el personal sanitario, las trabajadoras de residencias, los bomberos o los servicios de emergencia prestan un servicio difícil de rentabilizar en términos patrióticos. De hecho, la protección del medio ambiente, el cuidado de los cuerpos y los lazos comunitarios entran en contradicción con un nacionalismo construido sobre mimbres puramente coercitivos. Es una lástima que las pelotas de goma y las porras extensibles no se coman ni curen enfermedades ni apaguen las llamas.