Resulta que la Agencia Española de Protección de Datos ha clavado un multazo a La Directa por andar informando alegremente sobre el affaire de los policías infiltrados. El organismo público, feroz centinela de nuestra privacidad, considera que los periodistas de investigación se han extralimitado en sus funciones y han divulgado demasiada chicha sobre los agentes. En fin, que La Directa habrá de llenar de tachones sus reportajes para que nadie vuelva a ver lo que ya todo el mundo ha visto.
Llegeix aquí l'article de Jonathan Martínez en català.
Está bien eso de tener una agencia que vele por nuestros datos. Alguien deberá protegernos de las multinacionales que trafican con nuestra información, coleccionan nuestros hábitos de consumo y dejan nuestros identificadores más sensibles en manos de ciberdelincuentes. El gran inconveniente son los límites jurisdiccionales, pues gigantes como Meta, Google o TikTok han preferido establecerse en Irlanda para racanear impuestos. La Agencia debe volcar sus energías en asuntos más domésticos.
Pongamos un ejemplo. En 2015, a raíz de una denuncia de Vox y Ciudadanos, Òmnium encajó una multa de 200.000 euros por haber llevado a cabo una encuesta en torno a la independencia. Pongamos otro ejemplo. En 2018, la Agencia impuso una sanción de 2.000 euros a un ciudadano que difundió imágenes de una intervención policial ante una agresión machista. ¿Hablamos de castigos legítimos o de actuaciones desproporcionadas con un trasfondo político? Aquí cada cual dice la suya.
En cualquier caso, ambas sanciones se impusieron mientras la candidata del PP, Mar España, dirigía la Agencia. Ya en 2021, PSOE y PP se repartieron la nueva dirección con un pacto que terminó anulado porque el Tribunal Supremo consideró el procedimiento “viciado de raíz”. Se habla mucho de la politización de la justicia, pero habría que preguntarse también hasta qué extremo las intervenciones de la Agencia están contaminadas por inclinaciones partidistas.
Los policías infiltrados tienen derecho a preservar su intimidad, un derecho que ellos mismos han negado a los activistas políticos y sociales engañados y vigilados con dinero público. ¿Cuál es el límite que separa la protección de datos del derecho a la información? ¿Qué exceso cometieron los periodistas de La Directa que ocultaron parcialmente los rostros de los agentes y omitieron sus nombres completos? ¿Por qué la Agencia contribuye ahora a la revictimización de los activistas?
En 2015, cuando ya era notorio que varios agentes británicos se habían encamado con activistas a las que espiaban, la Policía Metropolitana de Londres pidió perdón a las víctimas y reconoció que aquellas prácticas habían vulnerado los derechos humanos. Fernando Grande-Marlaska, por el contrario, no solo defendió las infiltraciones, sino que además promovió al responsable de los operativos como número tres de Interior. No diré aquí su nombre, por si las moscas.