Hoy desayuno leyendo la columna de Ferran Casas y paladeo entre sorbitos de café una frase breve pero de mucha enjundia: “Dejar hacer no es la solución”. Se refiere en este caso a Pedro Sánchez y su intención de meter mano a los algoritmos de las redes sociales. El presidente, ya saben, ha presentado una herramienta para que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia pueda medir los discursos de odio en las plataformas digitales. En el centro de todas las dianas se sitúan los negocios pendencieros de Elon Musk.
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La caverna conservadora se ha rasgado las vestiduras. El ABC habla de “señalamiento”. Un pseudomedio de sede madrileña lo llama “ofensiva contra los medios de comunicación”. Jorge Fernández Díaz, el exministro de la Operación Catalunya, lo califica directamente como “censura”. Hay un digital derechista que expone, con cierto tino, la dificultad de medir el odio. ¿Será que ese aparato bautizado como HODIO es un mero pretexto para instaurar la vigilancia cibernética?
Las derechas cavernícolas saben de sobra que la incitación al odio es un delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal. Si fuera tan difícil y problemático medirlo, podrían empezar por pedir que se despenalice. Pero no lo hacen. Al contrario, han acudido recurrentemente a los tribunales con la esperanza de amedrentar a sus rivales políticos. Vox atribuyó delitos de odio a Quim Torra, Jair Domínguez, los CDR y Arran. SCC hizo lo mismo con Elisenda Paluzie y Joan Coma. Algunos de los diarios que hoy se lamentan han alentado los castigos por supuestos delitos de odio.
“¡Que nos dejen actuar!”, gritaban los policías nacionales a las puertas de un hotel de Pineda del Mar ante las protestas independentistas. “¡Que nos dejen actuar!”, repiten hoy los propagadores de bilis digital. En las redes sociales, el odio no solo es una lucrativa mercancía sino también una fábrica de réditos políticos. Es natural que los neoliberales acudan a la doctrina del laissez-faire para poder continuar esparciendo xenofobia a discreción.
Si me preguntan, responderé que la libertad de expresión es un tesoro y que el odio a duras penas admite herramientas cuantitativas. Ni en las redes ni en los tribunales. También diré que la libertad de expresión no existe como abstracción pura sino que está mediada por relaciones de poder. En este caso, hay un puñado de oligarcas de Silicon Valley que distorsiona el discurso público bajo criterios incompatibles con la democracia. Lo que no regulan los gobiernos, lo regulan los millonarios.
Apuro el café de la mañana sabiendo que dejar hacer no es una solución inocente. Asumo también que ningún ranking de “HODIO” resolverá por sí solo el problema rampante de los algoritmos y la normalización de la agresión y la mentira. El problema no es tanto el odio como la economía del odio. Y a intervenir los mercados nadie se atreve.