Se llamaba Olga Matute y tenía dos hijas. Había vivido durante más de dos décadas en un piso del barrio Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat hasta que se quedó sin trabajo y no pudo afrontar la hipoteca. Al principio, el Banc Sabadell asumió la propiedad y ofreció a cambio un alquiler social. Sin embargo, el inmueble acabó en manos de una terminal del fondo especulativo Cerberus.
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Después de un intento fallido de desahucio, el proceso se reactivó cuando el PP, Vox y Junts votaron contra el decreto de moratoria. La noche antes de que fueran a desalojarla, Olga fue a parar al Hospital de Bellvitge entre intenciones suicidas. El juez consideró que incluso en esas circunstancias debía ejecutar el desahucio. El 7 de septiembre, Olga se quitó la vida.
Una empresa inmobiliaria acaba de ejecutar un desahucio en Madrid. Con la ayuda de un fuerte despliegue policial, Urbagesa ha sacado de su casa a una mujer de 87 años que se desplaza en silla de ruedas. Se llama Maricarmen y vivía allí desde 1956. Ya sin la protección del decreto de moratoria, la jueza dio luz verde al desalojo. Ricardo y Fernando, dueños de Urbagesa, se han querellado contra el Sindicato de Inquilinas y han advertido a los medios de comunicación que no llamen “fondo buitre” a su negocio. Aquí también rechazamos la comparación. El buitre es un animal noble.
El desahucio de Maricarmen podría ser el último clavo en el ataúd de Pedro Sánchez, cuyas políticas de vivienda han sido provisionales, timoratas, casi siempre forzadas por sus socios y en abierta defensa de las estructuras de propiedad. La crisis habitacional es un síntoma de nuestra época, una secuela pertinaz y cansina de la crisis hipotecaria de 2008. Y la fiebre es mundial. El otro día, Die Linke ganó las elecciones en Berlín con un programa centrado en la vivienda. El año pasado, Zohran Mamdani conquistó la alcaldía de Nueva York con la promesa de congelar los alquileres de renta estabilizada.
En 2019, durante una entrevista en Onda Cero, Pedro Sánchez explicaba que había rechazado las propuestas de Pablo Iglesias en materia de vivienda porque las consideraba irrealizables e intervencionistas. Ahora la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, atribuye el desahucio de Maricarmen a las políticas desregulatorias de Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, Félix Bolaños ha cargado contra el PP y Vox: “ustedes están con los especuladores desalmados y nosotros con Maricarmen". Ojalá el PSOE llegue algún día a la Moncloa y ponga fin a este desaguisado.
¿De qué sirve un gobierno que actúa como consejo de administración del capital inmobiliario? ¿De qué sirve un partido de gobierno que subvenciona el rentismo, pone alfombra roja a los propietarios corporativos y no se atreve a prohibir las mafias de desocupación? Más le vale al PSOE que no subestime la rabia inquilina. Cuidado con vaciar las casas, no sea que se llenen las calles.