La Justicia española levanta tantas suspicacias que es difícil sustraerse a las generalizaciones. Cabalgamos titulares de polémica en polémica y cunde la sensación de que todo está perdido, de que no hay en la judicatura el menor rastro de decencia deontológica. Hasta el más optimista terminará encontrándose tarde o temprano con una turbia corruptela, una sentencia bochornosa, un abuso togado. Hay jueces que son juez y parte, y hay políticos que se cobran favores en la Sala Segunda, esa que Ignacio Cosidó decía controlar “desde detrás”.
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Y en esas que llega el verano, uno se refugia en la playa más recóndita del país más insospechado, y en la radio del chiringuito cantan la noticia de que el Supremo dice kaputt a la amnistía. Que tiemblen Puigdemont y Junqueras. No hacen falta grandes indagaciones jurídicas para comprender el trasfondo de la jugada, y hasta es posible imaginar a sus señorías atrincheradas en sus búnkeres patrióticos, ataviados con banderas made in Genova y soñando que al gobierno de Sánchez le quedan dos telediarios alemanes.
Por suerte aparecen también algunos centelleos de esperanza, juristas que deconstruyen el auto del Supremo y lo dejan a la altura del betún con argumentos tan afilados como pedagógicos. Algunos difunden sus pareceres en las redes sociales. Otros, con suerte, desgranan el disparate en los tres o cuatro medios de comunicación que aún toleran voces intrépidas. En el fondo, sabemos de siete sobras que el juez Manuel Marchena llegó al juicio del procés con humos de estrella de rock y que no está dispuesto a bajarse de ese burro.
Menos mal que hasta en los páramos más inhóspitos pueden encontrarse rastros de lucidez. Cada vez que emerge un auto o una sentencia, los votos particulares quedan apagados bajo la letra gruesa, pero tienen un interés significativo porque muestran la otra cara de la moneda, el otro ángulo, lo que pudo haber sido y tal vez nunca sea. El otro día, tras el glorioso alzamiento del Supremo, una voz disconforme puso los puntos sobre las íes a sus cinco compañeros de sala. La magistrada se llama Ana Ferrer y pide la aplicación integral de la amnistía.
El escrito de Ferrer no se anda con chiquitas. Viene a decir que el Supremo hace una interpretación fuera de toda lógica y extiende el concepto del ánimo de lucro más allá de la razón. De ninguna manera existe, añade, “un ánimo de enriquecimiento personal” en los líderes catalanes. Solo hay una lectura posible de la ley de amnistía y los jueces no deben interponer sus fantasías frente a la legalidad vigente. En resumen, los magistrados del Supremo han renunciado a la justicia para enrocarse como contrapoder político.
Hay que poner en mayúsculas el valor del voto discrepante. En primer lugar, porque aporta munición argumentativa. En segundo lugar, porque quiebra la idea de la Justicia como patrimonio exclusivo de la derecha posfranquista. Puede que sea un premio de consolación, pero no está la cosa para andar regalando victorias.